¿Se suprimirá la Constitución en Guadalupe?

 

 

Por Osvaldo Ávila Tizcareño

Dirigente antorchista en Zacatecas

 

Este 5 de febrero de 2019 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 102 años de existencia, a efecto de fundamentar lo que diré más adelante creo conveniente citar de ella  los siguientes artículos:

Art. 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a  quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Art. 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla  resolver en el sentido que se desee.

Art. 115 Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a)     Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

b)     Alumbrado público;

c)     Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d)     Mercados y centrales de abasto;

e)     Panteones;

f)      Rastro;

g)     Calles, parque y jardines y su equipamiento;

h)     Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal  y tránsito.

Este es el marco legal que fundamenta nuestra lucha, no hay duda de que nuestra actividad es absolutamente legal y pacífica. Amparados en este marco jurídico desde hace más de 44 años a lo largo y ancho del país hemos convocado a los mexicanos a conjuntar esfuerzos por una patria más justa.  Los resultados de esa tesonera labor están a la vista de cualquiera, en todo el país pueblos enteros han cambiado. En Guadalupe regiones enteras han conocido el progreso gracias a esta labor que efectuamos desde hace años.

Con el propósito de seguir por ese camino, al inicio de la administración municipal que encabezaba Julio Cesar Chávez Padilla presentamos un modesto pliego petitorio de obras y servicios como agua potable, pavimentación, alumbrado público, espacios deportivos, domos y acciones de orden social; la respuesta inmediata de la autoridad fue una negativa rotunda a establecer dialogo directo argumentando las “nuevas políticas”. Al final, luego de varios intentos se concertó una reunión con el Alcalde que comisionó al Secretario de Gobierno para darle seguimiento a las mismas. Meses transcurrieron sin avanzar sustancialmente.

El nuevo año trajo la sustitución del Alcalde (que pidió licencia por razones de salud), en su lugar tomo protesta Cesar González como es del conocimiento público, de inmediato hubo un viraje en el trato y se avizoraba una situación distinta desde la primera reunión que sostuvimos con él, nos levantamos tranquilos y acordamos la siguiente audiencia.

El encuentro llegó este 1 de Febrero y parecía que seguiríamos por esa ruta, pues en una actitud sencilla y atenta a su arribo a la sala de reuniones sostuve un positivo intercambio de ideas mientras se acondicionaba la sala.

Pero el gusto duro poco, se rompió el encanto. En un tono sobrio y algo trastabillante el Alcalde embistió contra los solicitantes y repitió los que hemos oído muchas veces, “los apoyos se entregaran sin intermediarios”, “cada uno puede acudir de manera individual a recibir respuesta a sus demandas” e incluso afirmo sin aportar una sola prueba, “que no se permitirá la manipulación de las necesidades de la gente”; aclaré que no pretendíamos intervenir en las políticas diseñadas por la federación y que no buscábamos recibir ningún programa a título personal, sino que se atendiera en la medida de lo posible el pliego petitorio que contenía obras y servicios. Formulé la pregunta sobre si el munícipe Cesar González pretendía eliminar los derechos constitucionales de asociación. Haciendo grandes esfuerzos retomamos los acuerdos y pactamos una nueva reunión, parecía que las cosas se reencauzaban.

Pero nada de eso, horas después de la reunión, a través de un boletín de prensa y luego desde la página oficial del Ayuntamiento (usando recursos humanos con cargo al erario), se manipuló el contenido de la entrevista, se editó un video que circuló en medios de comunicación colocándose  sólo la participación del Alcalde, ocultando la respuesta sobre la legitimidad de nuestra gestión y repitiendo como si se tratara de algo novedoso el mismo estribillo.

¿Cuál es el fondo del posicionamiento?, ¿Cuál es la posición verdadera, la de los medios o la de la reunión?, ¿Quién aconseja al Alcalde para detonar un enfrentamiento con los antorchistas?, ¿Por qué se manipuló el video y no se da a conocer nuestra postura?, ¿A los múltiples problemas de Guadalupe ahora piensan sumarle una confrontación con los antorchistas, ¿A quién le causó desagrado la buena percepción que estaba generando el Alcalde interino?

            La intención es clara, continuar con esta campañita difamatoria acusándonos de pretender apropiarnos ilegítimamente de los apoyos, cosa que repetiremos de nuevo: ¡jamás ha sido nuestra intención¡,  con ello buscan crear adeptos y deslegitimar nuestra labor y cuando reclamemos atención al pliego petitorio se desaten a coro los insultos y agresiones contra los pillos que pretenden dibujar.

            ¿Por qué la saña contra Antorcha? No se puede ser tan ciego para negar lo hecho por años por el antorchismo y más aún,  negar lo que hoy está en marcha en distintos pueblos y colonias. Resulta paradójico que teniendo tantos problemas se pretenda sumar uno más. Pero aún más contradictoria resulta la intención de abrograr la Constitución a la que hice referencia al inicio de esta colaboración y de un plumazo desaparecer los derechos constitucionales que permiten la libre asociación y organización de los ciudadanos.

La libertad de asociarse como queda claro al inicio de este escrito no constituye una dadiva o un acto de nobleza de los gobernantes, lo dice la ley, por tanto no daremos un paso atrás, sabedores de que nos asiste la razón y que el tiempo dirá quien está auténticamente del lado del pueblo.