Consigue CNPA-FPLZ mesa de Trabajo con Gobierno Federal para solucionar Conflicto Minero

CDMX, Zac., 04 Octubre.- Luego de establecerse la mesa de diálogo por parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) con las partes involucradas del gobierno federal estatal y directivos de Gold Corp, su dirigente José Narro Céspedes afirmó que “seguiremos promoviendo acuerdos a los más altos niveles federales para defender y dar certidumbre a las comunidades afectadas por la minería”.

Afirmó que más allá de cuestiones políticas y/o electoreras,  y la intransigencia y la guerra mediática de Gold Corp, la CNPA y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) siempre han mantenido una lucha social para defender el agua, la vida, los recursos naturales, el territorio, el medio ambiente y una vida digna para los habitantes de las comunidades del semidesierto, especialmente aquellas a las que el daño de la Minera Gold Corp impacta de manera directa.

Ante la presencia del subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia; Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos, Abel Martínez y Carlos Camacho, asesores legales de Gold Corp, José Narro Céspedes exigió un Plan de Desarrollo Regional y la reorientación del Fondo Minero de 600 millones de pesos, pues los recursos no benefician a las comunidades afectadas.

Aclaró que además del principal tema del Agua, existe el del pago de contraprestaciones por la renta de las tierras, lo que es muy aparte de la indemnización por los daños ocasionados a los ejidos, caminos, bordos y los destrozos a la capa vegetal y a la biodiversidad biológica que no ha resarcido la empresa minera.

En ese mismo encuentro la CNPA logró reunir a Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Segob; Juan José Camacho, de la Secretaría de Economía (SE); Enrique Mejía Maravilla, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rafael Coello García, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de los delegados ejidatarios de las cerca de 13 comunidades de la zona de influencia de la minera, y un representante del gobierno del estado de Zacatecas.

Ante estas instancias, y a nombre de las comunidades y de la CNPA, Narro Céspedes reconoció el papel conciliador de la secretaria general de gobierno, Gilda Fabiola Torres, para sentar las bases y resolver el conflicto entre las partes, al tiempo que mostró su beneplácito que esta mesa continúe este viernes en la capital zacatecana, para dar seguimiento y solución a las legítimas demandas de las comunidades.

“La empresa reconoce el problema pero no actúan”, afirmó José Narro y agregó que se han acabado el agua de la comunidad de Matamoros, en Melchor Ocampo, mientras que en la comunidad de El Vergel no se concreta desde hace ocho años la perforación de un pozo que beneficie a las tierras de riego.

Dijo que a la fecha no se han indemnizado a los comuneros por el abatimiento de los pozos ni tampoco por los daños de la presa de jales que está a punto del colapso.

La reunión de este viernes se encaminará, sostuvo, a darle seguimiento a la construcción de una Universidad y un centro de Artes y Oficios; que se capacite a la gente para que se genera autoempleo en alguna actividad productiva.

Asimismo, por la acaparación de tierras por parte de la minera y el daño provocado por la contaminación, han muerto 81 cabezas de ganado, lo que tampoco se ha indemnizado a los pobladores.

También se le hizo saber a los funcionarios federales que el agua que la empresa distribuye en pipas es la misma que extraen de una profundidad de 500 metros o más, misma que ya está contaminada y que produce en quienes la consumen malformaciones congénitas.

Por último, anunció que este viernes 05 de octubre, la CNPA y el FPLZ, se conmemorará en las inmediaciones de la Minera Peñasquito el Primer Aniversario de la conformación del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM), donde se hará un pronunciamiento y llamado a la unidad para que mediante la organización de las comunidades no se sigan permitiendo la devastación y el daño a la vida y a los Derechos Humanos que ha ocasionado la empresa canadiense.