Combate a la corrupción como política fiscal

Por David Monreal Ávila
Durante el siglo XX, las naciones dieron un salto decisivo hacia la recaudación como principal herramienta para aumentar sus ingresos, con lo que surgieron los conceptos de Estado fiscal y Estado social, y se dio inicio a la estrecha relación entre la tributación y los programas sociales, con el objetivo de redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades. Además, durante el auge del periodo neoliberal, las actividades económicas que realizaban los gobiernos fueron pasando a manos privadas.
Con el agotamiento del modelo neoliberal que no pudo cumplir con las expectativas de desarrollo, naciones de todo el mundo reviran sus políticas hacia el rescate y reconstrucción de los Estados de bienestar, por lo que se hace indispensable apelar al principio de progresividad en las contribuciones para ampliar la capacidad recaudatoria y de ese modo financiar las políticas públicas que atiendan los temas de mayor urgencia como la pobreza, seguridad social y el empleo.
Para el caso mexicano, caracterizado por una profunda corrupción en la función pública, fue de primera importancia la organización y articulación de un proyecto alternativo nacional que obtuvo un respaldo popular sin precedentes y que permitió comenzar un verdadero combate a este delito tan normalizado en el gobierno.
La administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de llevar a cabo una transformación pacífica que produjera bienestar para la sociedad sin aumentar ni crear nuevos impuestos, mismo que se ha cumplido y que se mantiene como parte del paquete económico que el Congreso deberá aprobar en las próximas semanas, por lo que la estrategia para aumentar los ingresos por contribuciones será el decisivo combate a la corrupción.

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