Morenos clarifican uso de 22 millones de pesos

 

 

El pasado martes 9 de octubre de 2018, la LXIII Legislatura del Congreso de Zacatecas, decidió aprobar mediante Punto de Acuerdo la modificación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a efecto de reasignar el presupuesto del Capítulo 4000, que asciende a 22 millones 546 mil 692 pesos, para que pasaran a los Capítulos 1000 y 3000.

 

Los Capítulos 1000 y 3000 se refieren, respectivamente, a Servicios Personales y Servicios Generales. Por lo que es importante señalar que estos 22 millones de pesos no irán a los bolsillos de los y las diputadas locales, como falsa y desinformadamente han dicho diversos medios de comunicación.

 

Una de las obligaciones en materia presupuestaria y ejercicio del gasto público, que marca la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, en su artículo 32 fracciones VI, X, XII, ordena instrumentar medidas tendientes a fomentar el ahorro que optimicen el ejercicio de los recursos públicos; asimismo, a dar cumplimiento en forma correcta y oportuna a todas las obligaciones que en materia fiscal, laboral, contractual y administrativa deriven de su operación, y a cubrir sus obligaciones, como contribuciones o impuestos federales, estatales y municipales, conforme a las leyes correspondientes, así como las obligaciones contingentes o ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por autoridad competente.

 

Es por ello, que el dinero se destinó para la Seguridad Social, cuotas al IMSS o al ISSSTEZAC, fondos de vivienda, pensiones, haberes para el retiro de los trabajadores que menos ganan en la Legislatura, para infraestructura básica –a fin de evitar el gasto innecesario y de mayor calado como lo representaría la construcción de una nueva sede de este Congreso-.

 

Nadie en su sano juicio puede estar en contra de la seguridad social o de evitar construir un edificio nuevo para el Congreso habiendo tantas necesidades por atender en el Estado.

 

¿Por qué se tuvo que hacer la reasignación de este dinero? Porque en fecha 7 de julio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el Decreto #420, por el cual se reformaron, modificaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

 

Entre una de las modificaciones a nuestro texto constitucional local, resalta la concerniente a la fracción IV del artículo 65, en donde se dispuso que la Legislatura no podrá presupuestar de sus recursos ayudas sociales, previstas en el clasificador de gasto, específicamente en el Capítulo 4000.

 

La citada reforma, a su vez, dispuso en su artículo primero transitorio que la entrada en vigor sería a partir del 7 de septiembre de 2018.

 

En ese tenor y toda vez que dentro del presupuesto de este Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2018 se contemplaron partidas relativas al Capítulo 4000, en el rubro ayudas sociales, mismas que conforme al texto vigente de la Constitución Local no pueden ser ejercidas en los términos aprobados, es necesario realizar la adecuación presupuestal correspondiente, reasignando los recursos en cuestión a efecto de que sean reorientados en otras funciones.

 

Esta reorientación tiene que ver, en términos técnico-jurídicos, con el respeto al principio de anualidad que rige el ejercicio del presupuesto de egresos, mismo que se encuentra en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, además, con lo que estableció la reforma del 7 de julio de 2018 a nuestra Carta Magna, la cual eliminó de tajo el Capítulo 4000.

 

Cabe señalar que por orden jerárquico, la Constitución Federal está por encima de la Constitución Local, por lo que se tiene que respetar el mencionado principio de anualidad en el ejercicio del gasto público.

 

En este sentido, el Presupuesto de Egresos de Zacatecas para este 2018 comprende de enero a diciembre, o sea, que el recurso ya está comprometido, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, y fue precisamente la LXII Legislatura quien comprometió ese gasto, no esta LXIII Legislatura.

 

Cuestión que la Legislatura pasada parece olvidar, como también parece que olvidaron señalar en un artículo transitorio del Decreto #420 que se tenía que hacer esta reorientación para que el Presupuesto de Egresos 2018, que contiene el Capítulo 4000 de ayudas sociales, no chocara y fuera en contra de lo que dispone la Constitución Política de nuestro Estado.

 

¿Por qué no plasmaron de manera clara esto? ¿Por qué omitieron poner esa obligación en un transitorio a sabiendas que de no hacer la reasignación iríamos en contra de lo que dispone la Constitución federal y la propia reforma que ellos aprobaron? ¿Se trata de un error de técnica legislativa o es el resultado de legislar al vapor? ¿Por qué trasladaron el costo de su irresponsabilidad jurídica a esta nueva Legislatura? ¿Acaso querían que esos 22 millones de pesos se regresaran a la Tesorería Estatal de manera por demás irregular?

 

Esas preguntas son claves para entender esto. Y de igual modo será conveniente revisar algunos medios de comunicación, donde se observará que Morena, al inicio de esta Legislatura propuso que, para no hacer esta reasignación, se creara un fideicomiso público con fuertes controles de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que este dinero se destinara para educación, salud, vivienda, seguridad, prevención del delito y servicios públicos, etcétera.

 

Sin embargo, la cerrazón de algunos Grupos Parlamentarios no permitió que avanzara nuestra propuesta, misma que se encuentra durmiendo el sueño de los justos en las Comisiones respectivas. Pero reiteramos: fuimos el único Grupo Parlamentario que propuso esto y habló de frente a la gente. Y hoy está dando la cara porque no tenemos nada qué esconder.

 

Asimismo, volvemos a ratificar nuestra propuesta de crear un fideicomiso que maneje el recurso de las mal llamadas herramientas legislativas, y que éste sea administrado por ciudadanos honorables de la sociedad civil.

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